¡Cuando no es una cosa es la otra! Mientras muchas empresas seguían ocupadas ajustando el Reglamento Interno de Trabajo, el Gobierno publicó el Decreto 0223 de 2026, un documento que les movió el tablero a los contratantes, universidades y entidades públicas que reciben practicantes y aprendices. El punto clave: la práctica ya no puede usarse como periodo de prueba encubierto, y ahora varios procedimientos internos deberán ser recalculados.
El decreto unifica todo lo relacionado con vinculación formativa, es decir, estudiantes universitarios en práctica y aprendices SENA, y obliga a que los contratos de este tipo tengan reglas claras, supervisión obligatoria y un plan académico definido. Con esto, el Ministerio busca que las prácticas recuperen su función principal: formarse, no reemplazar puestos de trabajo.
1. La nueva regulación reorganiza las prácticas y el aprendizaje
El texto del decreto señala que las prácticas laborales quedan bajo un marco normativo unificado. La norma establece que las empresas, entidades públicas y escenarios de práctica deberán revisar y ajustar sus contratos para cumplir con el capítulo que regula la vinculación formativa.
El objetivo es que las reglas sean claras y que los estudiantes estén protegidos bajo un esquema que no permita la informalidad ni el uso de la práctica para cubrir tareas permanentes.
2. La práctica mantiene carácter formativo obligatorio
Según el decreto, la práctica debe seguir siendo íntegramente formativa. Esto significa que las actividades asignadas deben coincidir con el programa académico del estudiante y con el desarrollo de competencias.
En otras palabras:
- La práctica no puede operar como periodo de prueba previo a una contratación.
- Las empresas no pueden asignar funciones ajenas al perfil académico.
Si la práctica se utiliza como reemplazo de un trabajador, la relación pasaría a ser laboral, con todas las obligaciones que esto implica.
3. Se consolida la relación tripartita
El decreto ratifica que la práctica se desarrolla en una relación que involucra tres actores: estudiante, institución educativa y empresa. Por eso, cualquier acuerdo debe estar validado por las tres partes y contener objetivos de aprendizaje definidos.
Esto obliga a empresas y universidades a coordinar procesos que antes eran más flexibles o informales.
4. Empresas deberán cumplir nuevas obligaciones
El artículo correspondiente fija una lista de responsabilidades para los escenarios de práctica. Entre ellas están:
- registrar las plazas de práctica en el Servicio Público de Empleo,
- asignar un tutor que acompañe al estudiante,
- garantizar condiciones seguras en el entorno,
- y diseñar un plan de práctica conjunto con la universidad.
Estos ajustes implican que las empresas deberán modificar rutas internas, actualizar documentación y formalizar roles que antes no siempre estaban definidos.
5. Supervisión obligatoria: tutor y monitor
Cada práctica deberá contar con un tutor designado por la empresa y un monitor de la institución educativa.
Este doble control busca asegurar que la práctica no se convierta en una relación laboral informal y que se mantenga el componente académico.
6. Límite de edad y condiciones especiales para menores
El decreto fija la edad mínima en 15 años para realizar prácticas laborales. Los estudiantes menores deberán contar con autorización del Inspector de Trabajo y cumplir con restricciones sobre jornadas máximas.
Esto implica que las empresas deben verificar la edad y los permisos correspondientes antes de permitir el inicio de actividades.
No es un nuevo periodo de prueba, pero sí un cambio profundo
El Decreto 0223 de 2026 no modifica el periodo de prueba del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, cambia la forma en que se entienden las prácticas y el contrato de aprendizaje:
- La práctica ya no puede usarse como herramienta para evaluar futuros trabajadores.
- Se refuerza el carácter académico y se exige supervisión formal.
- Se establecen obligaciones claras para prevenir abusos o tareas ajenas al plan formativo.
Las empresas que reciban estudiantes deberán ajustar contratos, documentos, procesos y reportes para cumplir con la nueva normativa y evitar sanciones.
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