La vigilancia privada en Colombia es fundamental para la protección de viviendas, empresas y espacios públicos. Este servicio, utilizado por millones de colombianos, es regulado de manera estricta por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
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Cada año, la entidad pública revisa las tarifas mínimas que las empresas pueden cobrar por servicios como guardias armados, sin armas, acompañamiento canino y tecnología para monitoreo.
¿Cuánto subió realmente la tarifa de vigilancia privada?
Entre enero y julio de 2025, el precio más bajo permitido por la ley para tener vigilancia las 24 horas del día, durante todo el mes, fue de unos $13 millones de pesos.
Además, quienes contratan este servicio deben pagar unos cargos extra por seguros y administración, que van del 8 % al 11 %, dependiendo si los vigilantes están armados, desarmados o si hay perros guardianes.
Desde el 15 de julio hasta diciembre de 2025, ese precio mínimo subió otra vez y llegó a cerca de $13.2 millones de pesos cada mes por cada vigilante. Esto quiere decir que, en comparación con el año pasado, el servicio aumentó hasta un 10 % en la primera mitad del año y hasta un 11% en la segunda mitad.
El costo final puede cambiar según el barrio o el tipo de edificio donde se necesite la vigilancia, pero en general todas las personas o empresas que contraten este servicio notarán que la cuenta llegó más alta. En estratos altos, como 4, 5 y 6, hay que sumarle un recargo adicional del 10 % por administración, lo que incrementa aún más el valor mensual.
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¿Por qué subieron los precios del servicio de vigilancia y qué dice la ley?
El alza obedece, en parte, a la necesidad de ajustarse a la Reforma Laboral y garantizar pagos dignos al personal de vigilancia. Según la Circular Externa Nº 20241300000445 y resoluciones asociadas, la ley exige que los precios mínimos permitan cumplir todas las obligaciones laborales y prestaciones sociales para los guardias.
Además, el Decreto Ley 356 de 1994 y el Decreto 4950 de 2007 regulan los componentes tarifarios, ordenando incluir porcentajes específicos para seguros, supervisión y gastos de administración.
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La Superintendencia insiste en que estos valores buscan evitar la competencia desleal y garantizar el cumplimiento de derechos laborales, así como la calidad y profesionalismo en el servicio.
¿A quiénes afecta más el aumento en la tarifa de vigilancia?
El impacto más fuerte es para conjuntos residenciales y empresas que requieren vigilancia constante, especialmente en estratos altos y sectores comerciales, donde además suben los recargos por administración y seguros. Para los estratos bajos y cooperativas, hay alternativas legales para descontar hasta el 10 % del valor final.
Las opciones para mitigar el alza incluyen revisar el número de vigilantes contratados, buscar tecnología complementaria (cámaras, monitoreo remoto), negociar tarifas con empresas certificadas y ajustar el presupuesto para cumplir con las nuevas reglas sin afectar la seguridad.
Lo esencial es cumplir la ley y no caer en prácticas ilegales que comprometan la protección de las personas y bienes.
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