En Colombia cambió el juego para quienes han sido víctimas de suplantación de identidad o fraudes financieros. Con la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria 2573 del 19 de mayo de 2026, las entidades financieras y las empresas de telefonía ya no podrán trasladar la carga al usuario cuando aparezcan deudas que no le pertenecen.
La norma introduce una serie de obligaciones inmediatas para bancos y operadores, que buscan proteger a quienes han sido afectados por créditos o líneas sacadas de manera fraudulenta.
“Antes si alguien sacaba una deuda a tu nombre, el problema era tuyo… hoy eso se acabó con esta ley”, explicó el abogado Ricardo Vargas al referirse al alcance de la norma.
Congelan cobros y detienen intereses ante cualquier fraude
Uno de los cambios más relevantes está en la reacción inmediata que deben tener las entidades cuando un ciudadano reporta un fraude.
Con la nueva legislación, en el momento en que el usuario informa la situación, el banco o la empresa de telefonía debe:
- Congelar la cuenta o la obligación
- Suspender los cobros y los intereses de mora
- Detener cualquier proceso de cobranza o reporte negativo
“Ahora se les obliga a las entidades a congelar inmediatamente los cobros y limpiar mientras se investiga”, señaló Vargas.
Este procedimiento aplica desde la notificación inicial del ciudadano, sin necesidad de esperar decisiones judiciales o pruebas extensas.
Adiós al reporte automático en Datacrédito
Otro de los puntos clave de la ley tiene que ver con las centrales de riesgo como Datacrédito o TransUnion, donde miles de colombianos terminaban reportados por obligaciones que no habían adquirido.
Esto implica que, mientras se adelanta la investigación:
- El historial no será afectado
- No se reducirá el score crediticio
- Se evitará que la persona sea tratada como deudora
El sistema identificará a la persona como una posible víctima de suplantación, lo que cambia completamente el enfoque frente a estos casos.
Carga de la prueba: ahora las empresas deben demostrar
La ley introduce una figura clave: la carga dinámica de la prueba, que cambia la responsabilidad en estos procesos.
Antes, el ciudadano debía demostrar que no había adquirido el crédito o servicio. Ahora, esa carga pasa a las entidades.
“El banco o el operador móvil debe probar que hizo una verificación rigurosa de identidad”, explicó Vargas.
Esto incluye comprobar que en el momento de otorgar el crédito o la línea se aplicaron mecanismos como:
- Validación biométrica
- Procesos de identificación del cliente (KYC)
- Controles de seguridad digital
Si no pueden demostrarlo, las entidades podrían enfrentar sanciones y la eliminación definitiva de la obligación.
Qué debe hacer la víctima para activar la protección
Aunque la ley fortalece la protección al usuario, también establece unos pasos mínimos para activar el proceso.
El ciudadano debe:
- Informar de inmediato a la entidad financiera o de telefonía
- Presentar una prueba básica del fraude, como un reporte o notificación
- Radicar una denuncia formal ante la Fiscalía o la Policía
Una vez cumplidos estos requisitos, las entidades cuentan con un plazo de hasta 10 días hábiles para resolver la situación.
Este tiempo incluye la verificación interna y la respuesta al usuario.
Impacto en los ciudadanos y el sistema financiero
La norma busca corregir una situación que se venía registrando de manera constante en el país: personas afectadas por fraudes que terminaban enfrentando procesos largos para demostrar su inocencia.
“No dejes que te cobren deudas ajenas… esta ley protege al ciudadano frente a esos casos”, indicó Vargas.
Con la implementación de esta regulación, el enfoque se traslada hacia una mayor responsabilidad de las entidades en los procesos de verificación y control.
Un cambio en la gestión de fraudes en Colombia
La Ley 2573 introduce un cambio en la forma en que se gestionan los fraudes financieros y tecnológicos en el país.
Desde ahora, los bancos y operadores deberán actuar de manera preventiva y responder frente a fallas en sus sistemas de validación.
Además, se busca reducir los casos en los que los ciudadanos quedan con afectaciones en su historial crediticio por situaciones que no corresponden a sus acciones.
El seguimiento a la aplicación de la ley quedará en manos de las autoridades, quienes deberán verificar su cumplimiento en los próximos meses.
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