Centro Comercial Andino

Reactivan orden de captura contra principal sindicada por el atentado terrorista en el centro comercial Andino de Bogotá

Centro Comercial Andino, donde se produjo un atentado en 2017

Este viernes se reactivó la audiencia del caso, con la reactivación de la orden de captura contra una de las principales sindicadas.

Colprensa Centro Comercial Andino, donde se produjo un atentado en 2017

La justicia reactivó la orden de captura contra Violeta Arango Ramírez, dentro del proceso penal por el atentado ocurrido en el centro comercial Andino de Bogotá, en 2017. La decisión fue adoptada por el Juzgado 22 Penal Municipal con función de control de garantías, que ordenó la continuación de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario y dispuso nuevamente su búsqueda por parte de las autoridades.

La determinación se produjo luego de la reanudación de la audiencia de solicitud de orden de captura, que había sido suspendida y se retomó este viernes 13 de febrero de 2026. Durante la diligencia, la juez verificó la presencia de las partes procesales y el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para tomar una decisión de fondo dentro del proceso penal

Reanudan orden de captura contra Violeta Arango

De acuerdo con el acta judicial, la medida de aseguramiento que recae sobre Arango Ramírez había sido impuesta originalmente por el Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías dentro de un proceso en el que se le investiga por delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y otras conductas previstas en el Código Penal

El juzgado resolvió reanudar los efectos de esa medida y librar nuevamente orden de captura para que la procesada continúe en detención preventiva en establecimiento carcelario, lo que implica que cualquier autoridad policial o judicial que la ubique debe proceder a hacer efectiva su aprehensión y ponerla a disposición de las autoridades competentes

En la misma decisión, la juez ordenó compulsar copias ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue un posible actuar omisivo de funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quienes debían tramitar la comunicación de la resolución número 017 del 23 de enero de 2025 ante las autoridades correspondientes. Esa orden abre una línea de investigación administrativa y disciplinaria paralela al proceso penal principal.

La audiencia contó con la participación de la Fiscalía 21 de la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales, los representantes de víctimas, el Ministerio Público y el defensor de confianza de la procesada, según quedó consignado en el acta oficial de la diligencia.

La decisión judicial no admite recursos, por lo que la orden de captura queda vigente y debe ejecutarse de inmediato conforme a los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal.

El atentado en el Centro Comercial Andino

El proceso penal contra Violeta Arango Ramírez se enmarca en la investigación por el atentado ocurrido en el centro comercial Andino, uno de los hechos que más impacto tuvo en la capital del país en los últimos años. El ataque se registró el 17 de junio del 2017 cuando un artefacto explosivo detonó dentro de los baños del establecimiento comercial, lo que causó la muerte de varias personas y dejó múltiples heridos.

A partir de ese momento, la Fiscalía y los organismos de investigación iniciaron una indagación orientada a establecer quiénes participaron en la planeación, ejecución y apoyo logístico del atentado. Dentro de ese expediente se formularon imputaciones por delitos relacionados con terrorismo, homicidio agravado y concierto para delinquir, entre otros, a presuntos miembros de milicias urbanas del Eln.

En el marco de ese proceso, Arango Ramírez fue vinculada como una de las personas investigadas y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. Posteriormente, el Juzgado 22 Penal Municipal tuvo que revisar la situación jurídica y adoptar una nueva decisión, que resultó en la liberación de la mujer.

La orden reciente restablece la obligación de que la procesada permanezca privada de la libertad mientras avanza el proceso, con el objetivo de asegurar su comparecencia ante la justicia y evitar riesgos procesales.