Soacha amaneció sacudida por una operación sin precedentes en el transporte público. En un recorrido conjunto entre la Alcaldía y la Policía, 30 buses y colectivos fueron inmovilizados luego de detectarse graves irregularidades mecánicas, técnicas y legales. No se trató de fallas menores: las autoridades encontraron adulteración de autopartes, documentos falsificados y sistemas de identificación alterados, una práctica que no solo pone en riesgo la movilidad, sino también la seguridad de los pasajeros.
La contundencia del operativo dejó claro que la administración municipal no está dispuesta a tolerar vehículos piratas ni flotas que operen al margen de la normatividad. La decisión, sin embargo, también desató tensión en las calles.
Bloqueos y malestar: el “negocito” quedó al descubierto
Como reacción inmediata, un pequeño grupo de transportadores vinculados a estas irregularidades intentó bloquear vías para presionar la liberación de los vehículos y frenar las sanciones. El caos duró algunas horas y afectó a miles de usuarios que solo buscaban llegar a sus destinos.
Pese a la presión, el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’ fue categórico: en Soacha no gobernan las mafias del transporte ni los intereses particulares, sino la legalidad. Las empresas formales respaldaron al Gobierno local y, tras los bloqueos, el servicio comenzó a normalizarse progresivamente.
Para la administración, la reacción violenta de unos pocos confirma que detrás de algunos corredores existía un negocio irregular que venía operando sin controles. Con esta intervención, aseguran, se corta el flujo económico que durante años benefició a quienes violaban la ley.
Golpe también a la delincuencia: caída de ‘Los Satanás’
El operativo de tránsito coincidió con otra acción de alto impacto: la Policía anunció la captura de 22 miembros de la banda ‘Los Satanás’, una organización que venía extorsionando a transportadores y comerciantes. Entre los detenidos está quien sería el encargado de las finanzas del grupo, conocido como alias ‘Marcos Pérez’.
El mensaje de fondo es claro: limpiar el transporte también implica enfrentar a las bandas que se lucran intimidando a quienes sí trabajan dentro de la legalidad.
La estrategia, según la Policía Metropolitana de Soacha, contempla más operaciones, patrullajes en paraderos y acompañamiento permanente a conductores para evitar que sean víctimas de amenazas o “vacunas”.
Un sector que pide reglas claras
El sector formal del transporte ha insistido en la importancia de depurar el sistema, pues las empresas que cumplen requisitos se ven afectadas por quienes operan vehículos sin condiciones técnicas, sin pólizas o con documentos adulterados. Con la inmovilización de estos 30 automotores, se envía un mensaje que varios actores venían reclamando desde hace años.
Desde la Alcaldía aseguran que los controles serán constantes, que habrá cero tolerancia con la ilegalidad y que las sanciones se aplicarán sin excepción. La revisión incluye aspectos como frenos, emisiones, identificación de motor y chasis, además de la validez de licencias y tarjetas de operación.
“En Soacha el que la hace, la paga”
La administración municipal quiso dejar un mensaje directo: si un conductor, propietario o intermediario está siendo extorsionado, no debe guardar silencio. Las líneas 165 del GAULA y el 123 siguen habilitadas para denunciar de inmediato cualquier amenaza o intento de cobro ilegal.
Para los soachunos, el operativo dejó ver dos realidades: por un lado, la existencia de graves irregularidades en parte del parque automotor; por otro, una decisión política firme para ordenar el sector y proteger tanto a los usuarios como a los trabajadores honestos del transporte.
Lo cierto es que, con este golpe, la ciudad envía una señal fuerte: el transporte público no puede ser la excusa para la ilegalidad ni el escenario para las bandas criminales. Soacha busca recuperar el control de sus vías y demostrar que, en materia de movilidad y seguridad, el tiempo de los abusos ya terminó.
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