La investigación judicial por la muerte de la menor Valeria Afanador entra en una nueva etapa con la solicitud formal de imputación de cargos contra dos docentes de la institución educativa donde estudiaba la niña. Así se conoció durante una entrevista emitida por Alerta 104.4 FM, en la que fue consultado el abogado de la familia, Julián Quintana, representante de víctimas en este proceso.
Según lo confirmado, la Fiscalía General de la Nación radicó la solicitud de imputación este martes 2 de junio ante los juzgados de control de garantías en Cajicá. Los investigados son identificados como Emely Fuentes y Dani Javier Ochoa Prada, quienes deberán responder por el delito de homicidio culposo.
Durante la entrevista, el abogado explicó el alcance de este procedimiento. “Es muy importante el anuncio hecho por la Fiscalía… corrobora las denuncias que hemos hecho desde el primer día”, indicó Quintana.
Proceso legal y posibles responsabilidades en el caso Valeria Afanador
El delito de homicidio culposo implica que la muerte se habría producido sin intención directa, pero en medio de omisiones o fallas en el cumplimiento de deberes. En ese sentido, la defensa de las víctimas ha insistido en la responsabilidad institucional.
“A Valeria Afanador no se le dieron los cuidados correspondientes en seguridad y vigilancia”, afirmó el abogado, señalando que estos aspectos serán parte del proceso judicial.
Sin embargo, el representante legal manifestó que la familia considera que hay otras responsabilidades que aún no han sido incorporadas. “La familia tiene una inconformidad… creemos que la rectora del colegio también tiene responsabilidad”, señaló.
Quintana indicó que solicitarán a la Fiscalía incluir a más personas en la investigación. “Vamos a seguir insistiendo para que también se haga imputación contra la rectora”, explicó.
En relación con las sanciones, el abogado fue claro en que dependerán del desarrollo del proceso. “Las penas pueden aumentar hasta los 8 o 10 años, dependiendo de agravantes”, manifestó.
Hallazgos sobre el entorno del colegio y posible delito ambiental
Otro de los elementos que forman parte del expediente tiene que ver con la ubicación de la institución educativa. Durante la entrevista en Alerta 104.4 FM, el abogado confirmó que la Fiscalía compulsó copias para investigar un posible delito ambiental.
“El colegio está situado dentro de la ronda del río, algo que es prohibido por la normatividad”, indicó Quintana.
Según explicó, este hecho no solo representa una infracción ambiental, sino que habría generado riesgos para los estudiantes. “No solamente es la vulneración al medio ambiente, sino el peligro para los niños del colegio”, señaló.
Además, indicó que ya existen actuaciones de entidades administrativas. “La CAR sancionó al colegio… y emitió pliego de cargos por no tener medidas de seguridad”, explicó.
Este punto será evaluado de manera paralela en instancias administrativas, mientras avanza el proceso penal.
Línea investigativa y solicitud de identificar a terceros
Durante la entrevista, el abogado también se refirió a una línea de investigación adicional relacionada con la posible participación de una tercera persona.
“Hay una línea investigativa del CTI donde se observa una tercera persona en los videos”, afirmó.
Según el representante de las víctimas, se ha solicitado a la Fiscalía que identifique a esa persona y establezca su rol. “Le estamos pidiendo que nos diga quién es esa tercera persona”, explicó.
Además, reiteró que la imputación inicial no descarta nuevas vinculaciones. “No descartamos que un tercero esté detrás de este homicidio”, agregó.
Este punto será clave en las próximas etapas del proceso, especialmente en la definición de responsabilidades individuales.
Obligaciones de cuidado y condiciones de protección en instituciones educativas
El caso también ha puesto en discusión las obligaciones de los colegios frente al cuidado de estudiantes, especialmente cuando existen condiciones que requieren atención adicional.
Sobre este aspecto, el abogado indicó que la institución debía garantizar supervisión permanente. “Cuando un colegio acepta estudiantes con estas condiciones, debe tener la capacidad para su cuidado adecuado”, explicó.
Agregó que, según la investigación, habría una infracción de deberes de vigilancia y seguridad. “El colegio no dio las medidas necesarias para el cuidado de Valeria”, sostuvo.
Esta línea será uno de los elementos centrales en la argumentación de la Fiscalía durante la audiencia de imputación.
Etapa judicial en curso y decisiones pendientes
Con la radicación de la imputación, el proceso entra en fase judicial formal. En esta etapa, los jueces de control de garantías evaluarán la legalidad de las actuaciones y la formulación de cargos.
El abogado reiteró que el objetivo de la familia es que se esclarezcan los hechos. “No vamos a descansar hasta que todas las personas involucradas comparezcan ante la justicia”, afirmó.
Mientras tanto, continúan las investigaciones tanto en el ámbito penal como en el administrativo, en busca de establecer los hechos que rodearon la muerte de la menor en Cajicá.
El caso de Valeria Afanador se mantiene en desarrollo y las autoridades avanzan en la recolección de pruebas que permitan determinar las responsabilidades correspondientes.
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