La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó suspender, en el área de la ronda del río Frío, las actividades del Gimnasio Los Laureles, ubicado en la vereda Canelón del municipio de Cajicá.
La decisión se conoce en medio de las investigaciones por el caso de Valeria Afanador, la menor que perdió la vida luego de desaparecer durante su jornada escolar en esa institución educativa.
La menor, quien tenía una condición especial asociada al síndrome de Down, salió del colegio sin que se activaran los controles necesarios para su protección. Días después de su desaparición, el cuerpo fue hallado en el río Frío, afluente que bordea el plantel educativo. A partir de este hecho, se iniciaron indagaciones para establecer posibles responsabilidades.
La razón de la orden
Alerta Bogotá conoció que, en el marco de estas actuaciones, la CAR adoptó una medida preventiva que ordena la suspensión de las actividades que el colegio venía desarrollando dentro de la ronda hídrica del río Frío. Según explicó la autoridad ambiental, desde el año 2014 se encuentra delimitada una franja de 50 metros adyacentes al cauce principal del río, área considerada de especial conservación ambiental, en la cual no pueden realizarse actividades distintas a procesos de restauración y conservación.
La autoridad ambiental precisó que la institución educativa venía ocupando de manera progresiva esta zona de protección, situación que fue evidenciada durante las inspecciones realizadas. En ese espacio se identificaron cerramientos y algunas construcciones, incluso de carácter provisional, que no están permitidas dentro de la ronda hídrica.
La CAR indicó que, aunque el colegio cuenta con licencias urbanísticas relacionadas con parcelación, construcción y cerramiento, no se encontró evidencia de permisos para intervenir la ronda del río Frío. Esta situación llevó a la imposición de la medida preventiva y a la orden de retirar las obras y actividades que se desarrollan en dicha zona.
La entidad aclaró que no es la autoridad encargada de ejercer control urbanístico ni de verificar el cumplimiento de licencias de construcción otorgadas por otras instancias. Sin embargo, señaló que, cuando se trata de áreas de conservación ambiental, sí tiene competencia para ordenar la suspensión de actividades y adelantar procesos administrativos sancionatorios ambientales.
Por eso, además de la suspensión de actividades, la CAR inició un trámite sancionatorio ambiental contra el colegio campestre Los Laureles, con el fin de indagar la posible comisión de infracciones ambientales relacionadas con la ocupación de la ronda hídrica del río Frío. Este proceso se desarrollará conforme al debido proceso administrativo.
La autoridad ambiental explicó que, una vez surtidas las etapas correspondientes del trámite sancionatorio, podrían imponerse sanciones económicas que, de acuerdo con la normativa vigente, pueden alcanzar hasta 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de las conclusiones del proceso.
La decisión se suma a las investigaciones que adelantan distintas autoridades por el fallecimiento de Valeria Afanador. El caso ha generado múltiples actuaciones orientadas a esclarecer cómo la menor salió del colegio y cuáles fueron las condiciones que permitieron que permaneciera desaparecida durante varios días sin ser localizada.
Por su parte, el Gimnasio Los Laureles aclaró que la decisión de la CAR "no afecta el funcionamiento normal del colegio, ni el desarrollo de sus actividades académicas, administrativas o comunitarias".
"En consecuencia, no existe decisión alguna que implique el cierre o la suspensión del servicio educativo del Gimnasio Campestre Los Laureles", añadió el colegio, y precisó que el área en cuestión "no se encuentra en uso ni alberga actividades escolares o recreativas".
La CAR señaló que la medida adoptada busca proteger el entorno ambiental del río Frío y garantizar el cumplimiento de las normas que regulan las zonas de ronda hídrica, independientemente de otros procesos que se adelanten por los hechos ocurridos con la menor.
Las investigaciones continúan en curso y las autoridades han indicado que seguirán adelantando las actuaciones necesarias dentro de sus competencias para establecer responsabilidades y definir las acciones correspondientes frente a las irregularidades detectadas.
Nota del editor: el contenido de este artículo así como su titular fueron modificados para precisar los alcances de la decisión de la CAR.
Alerta Bogotá en Google News