El fenómeno de El Niño comenzó a generar alertas en Cundinamarca y una de las principales preocupaciones está relacionada con los árboles que podrían caer debido a las altas temperaturas y la prolongada ausencia de lluvias.
Ante este panorama, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso en marcha un procedimiento especial para agilizar la autorización de talas y podas urgentes cuando exista un riesgo inminente.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 115 de 2026 y hace parte de la estrategia "Ruta de Preparación Climática", con la que la autoridad ambiental busca reducir el riesgo de emergencias que puedan afectar a las comunidades durante la temporada seca.
Según explicó la CAR, el objetivo es prevenir accidentes que puedan comprometer la seguridad de las personas, los animales, las viviendas y la infraestructura, permitiendo que los árboles en condición crítica sean intervenidos de manera más rápida cuando así lo determinen los técnicos de la entidad.
Emma Constanza Zúñiga, directora jurídica de la CAR, indicó que desde mediados de junio las autoridades climáticas confirmaron el inicio del fenómeno de El Niño, una situación que está modificando las condiciones ambientales debido al paso de periodos lluviosos hacia jornadas con escasas precipitaciones, fuerte radiación solar y temperaturas elevadas.
La funcionaria señaló que estas condiciones resecan los suelos, afectan las coberturas vegetales y pueden provocar que árboles enfermos, envejecidos o con daños estructurales pierdan estabilidad, aumentando la posibilidad de que caigan o desprendan ramas de gran tamaño.
"Con esta medida, buscamos garantizar la protección ambiental y la seguridad de personas, bienes e infraestructura, aplicando principios de gestión del riesgo", afirmó Emma Constanza Zúñiga, directora jurídica de la CAR.
¿Cómo reportar un árbol que representa un riesgo ante la CAR?
La autoridad ambiental informó que los propietarios que detecten un árbol con riesgo inminente dentro de su predio podrán solicitar una evaluación a través de los canales oficiales de la CAR.
El trámite inicia con el diligenciamiento del formulario de validación de árboles en condición de riesgo inminente, el cual debe radicarse junto con la documentación exigida por la entidad.
Por tratarse de situaciones prioritarias, la CAR informó que en un plazo máximo de tres días comunicará la fecha de la visita técnica. Durante esa inspección se verificará si el árbol cumple con las condiciones para autorizar una tala o poda urgente.
Si la evaluación confirma el peligro, la autoridad expedirá el acta de autorización o el permiso correspondiente. A partir de ese momento, el solicitante deberá ejecutar la intervención indicada de manera inmediata o dentro de los 15 días calendario siguientes.
La entidad recordó que ninguna tala preventiva podrá realizarse sin la autorización respectiva, salvo que exista una situación excepcional contemplada en la normatividad vigente.
¿Cómo identificar un árbol que podría caerse?
La CAR hizo un llamado para que la ciudadanía esté atenta a las señales que pueden indicar que un árbol representa un peligro y requiere una revisión técnica.
Entre los principales signos de alerta se encuentran:
- Inclinación pronunciada o pérdida evidente de la verticalidad.
- Raíces expuestas, cortadas o afectadas por pudrición debido al encharcamiento permanente.
- Tronco seco, con grietas profundas o deteriorado por enfermedades o por el envejecimiento.
- Ramas desgarradas o debilitadas que comprometan la estabilidad del árbol.
La autoridad ambiental explicó que identificar estas condiciones a tiempo permite actuar antes de que ocurra una emergencia, especialmente durante el fenómeno de El Niño, cuando la falta de humedad incrementa la vulnerabilidad de muchos árboles.
Finalmente, la CAR reiteró que la preparación frente al cambio climático depende tanto de las acciones institucionales como del compromiso ciudadano. Por eso invitó a reportar oportunamente cualquier árbol que represente un riesgo y a seguir los procedimientos establecidos, con el fin de proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente en los municipios de su jurisdicción.
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