La discusión sobre el uso de pipetas de gas en el espacio público volvió a encenderse en el Concejo de Bogotá. Dos concejales lanzaron fuertes advertencias sobre el riesgo que representan las cocinas improvisadas en andenes, plazas y corredores peatonales, donde la informalidad se ha tomado la ciudad sin que haya un control efectivo por parte de las autoridades.
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“El espacio público no es una cocina abierta”
La concejal Cristina Calderón fue enfática en señalar que la capital necesita un ajuste normativo urgente para que la Alcaldía pueda actuar de manera inmediata frente al uso de cilindros de gas en las calles. “La gestión de un riesgo que puede comprometer la vida y la integridad de las personas no puede depender de la voluntad de una empresa privada. La seguridad ciudadana es una función indelegable de las autoridades públicas”, afirmó.
Calderón recordó que en 2020 el Distrito ya había establecido restricciones para el uso de pipetas durante la temporada decembrina, y cuestionó que esas medidas no se mantengan durante todo el año. Según ella, el decreto que la administración planea expedir en 2026 para restringir progresivamente el uso de pipetas debería aplicarse de inmediato: “La protección de la vida de los bogotanos no da espera”.
Explosiones y cocinas clandestinas
El concejal Juan David Quintero sumó ejemplos concretos para ilustrar la gravedad del problema. Recordó el caso de la Clínica Los Nogales, donde una pipeta explotó en plena vía pública, y denunció que una banda tiene instaladas hasta seis cocinas ilegales en ese sector. “Lo mismo pasa en Rafael Uribe Uribe, en San Cristóbal y en toda la ciudad. Basta con ir al Movistar Arena o al Campín para ver cómo las avenidas están tomadas por vendedores con pipetas y plantas a combustible”, señaló.
Quintero advirtió que millones de usuarios de TransMilenio se exponen diariamente a estos riesgos, sin que haya una respuesta contundente de la administración.
El debate de fondo
La discusión no solo gira en torno a la seguridad, sino también a la inequidad entre el comercio formal y el informal. Mientras los negocios establecidos cumplen con normas y pagan impuestos, los vendedores informales operan sin regulación y con riesgos evidentes para la ciudadanía.
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Los concejales coinciden en que la ciudad necesita medidas claras y rápidas para recuperar el espacio público y garantizar la seguridad de los bogotanos. La pregunta que queda en el aire es si la Alcaldía actuará con la contundencia que reclaman los cabildantes o si las restricciones seguirán siendo parciales y temporales.
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