El maltrato animal continúa siendo una de las conductas que más rechazo provoca en Bogotá y en el país.
Las agresiones físicas, el abandono y los actos de extrema violencia no solo vulneran la vida y la integridad de los animales, sino que también reflejan problemáticas sociales que hoy tienen consecuencias penales claras.
En la capital, dos casos recientes, Samantha y Mila, generaron profunda indignación ciudadana y amplia difusión en redes sociales. Ahora, ambos avanzan formalmente ante la justicia.
En un paso clave dentro de estos procesos, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a los presuntos responsables de los hechos ocurridos en las localidades de Usaquén y Bosa, respectivamente.
La actuación fue posible gracias al trabajo articulado del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), la Policía Nacional, alcaldías locales y otras autoridades competentes.
Fiscalía imputa cargos por maltrato animal en Bogotá: casos de Samantha y Mila
Los dos episodios ocurrieron en 2025 y, aunque tienen desenlaces distintos, comparten un elemento en común y es que la intervención institucional permitió recopilar pruebas técnicas y documentales que hoy sustentan las imputaciones penales.
Samantha: agresión en Usaquén
El 24 de octubre de 2025, en la localidad de Usaquén, Samantha, una canina de 14 años, fue víctima de agresiones físicas. De acuerdo con la investigación, el presunto responsable la golpeó con patadas, ocasionándole un grave deterioro en su estado de salud.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física de un animal, tipificado en el artículo 339C del Código Penal, con agravante del artículo 339B literal D. Esta conducta contempla una pena de prisión que oscila entre 30 y 73,5 meses. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos.
Tras conocerse la situación, el IDPYBA adelantó un operativo interinstitucional. Se realizó valoración médico-veterinaria y se emitió concepto técnico desfavorable. Posteriormente, la autoridad policiva efectuó la aprehensión material preventiva del animal.
Actualmente, Samantha permanece bajo custodia del Instituto, donde recibe atención integral y continúa en proceso de recuperación, bajo seguimiento profesional.
Mila: muerte de una cachorra en Bosa
El segundo caso ocurrió el 26 de noviembre de 2025 en un conjunto residencial de la localidad de Bosa.
Mila, una perrita de 8 meses, fue arrojada desde el balcón de un segundo piso. En videos que circularon públicamente se observa el momento en que la mujer la lanza al vacío, causándole la muerte de manera inmediata.
En este proceso, la Fiscalía imputó el delito de muerte al animal, contemplado en el artículo 339A del Código Penal, con circunstancias de agravación punitiva descritas en el artículo 339B, literal B. La procesada tampoco aceptó los cargos y se expone a una pena que puede ir de 48 a 98 meses de prisión.
Al igual que en el caso anterior, el IDPYBA recopiló y documentó el material probatorio, el cual fue puesto a disposición del ente acusador para sustentar la acción penal.
La Oficina Jurídica del Instituto anunció que se constituirá como representante de las víctimas, Samantha y Mila, dentro del proceso judicial. Además, trabajará de manera articulada con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía, con el fin de impulsar la judicialización de los presuntos responsables.
El director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, manifestó: “En Bogotá no vamos a permitir que estas conductas queden sin consecuencias. Celebramos que estos casos avancen ante la justicia y reiteramos que desde el Instituto llevaremos cada proceso hasta las últimas instancias para garantizar que no haya impunidad”.
¿Qué penas establece la ley por maltrato animal en Colombia?
En Colombia, el maltrato animal es un delito tipificado en el Código Penal. Las sanciones dependen de la gravedad de la conducta.
Cuando se ocasionan lesiones que afecten de manera grave la salud o la integridad física del animal, las penas pueden oscilar entre 30 y 73,5 meses de prisión. Si la agresión provoca la muerte, las condenas pueden alcanzar entre 48 y 98 meses, especialmente cuando concurren circunstancias de agravación.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier caso de violencia contra animales a través de la Línea Única de Emergencias 123. La denuncia oportuna permite activar las rutas institucionales de protección y avanzar en los procesos judiciales correspondientes.
Los casos de Samantha y Mila representan dos episodios que marcaron a la opinión pública. Uno avanza con la esperanza de recuperación bajo protección institucional; el otro busca justicia tras una pérdida irreversible.
Ambos procesos reflejan que las agresiones contra animales en Bogotá están siendo llevadas ante los estrados judiciales.
Alerta Bogotá en Google News