La historia que compartieron los creadores de contenido de Acarryando, especializados en normas de tránsito, dejó a más de uno con la ceja levantada. Fueron a impugnar un comparendo convencidos de que tenían la prueba reina en el bolsillo… y terminaron saliendo con una sensación amarga: en la Secretaría de Movilidad, parece que un video no pesa lo mismo que la palabra de un agente.
Lo que vivieron es el típico “viaje por un túnel sin luz”: entraron con claridad, salieron con más dudas que certezas. Y, sobre todo, con la sensación de que el ciudadano sigue siendo el más débil en la cadena.
Un choque de versiones donde el video perdió
Acarryando explicó que todo empezó por un comparendo por presunta manipulación del celular mientras conducían. En la primera audiencia presentaron su defensa y, en la segunda, el policía aseguró haber visto el dispositivo porque la ventana del vehículo estaba abajo. La sorpresa fue que los creadores tenían un video del mismo momento donde se veía claramente que el vidrio estaba arriba.
Incluso detallaron que los vidrios son manuales, no eléctricos, por lo que no había forma de que se hubieran movido entre el momento del registro y la audiencia. Sin embargo, al llegar el fallo, Movilidad dio mayor peso al testimonio del agente que a la evidencia grabada.
Acarryando lo resumió así: la entidad actuó como si el video no existiera y como si la palabra del uniformado fuera incuestionable.
Los derechos que quedaron “aplastados” en el proceso
Detrás de la molestia hay algo más profundo: el reclamo por los derechos que, según relataron, se ignoraron durante el trámite.
Primero, la presunción de inocencia, porque la autoridad nunca logró demostrar la culpabilidad más allá del testimonio del agente. Por el contrario, ellos terminaron teniendo que probar que no hicieron lo que se les acusaba.
Segundo, la llamada verdad material, que en teoría obliga a fallar según los hechos comprobables. En este caso, relatan que se privilegió un relato sobre un video que mostraba una condición distinta a la descrita en la audiencia.
Y tercero, el derecho al descuento del 50%, que se pierde automáticamente por impugnar. Es decir: además de no tener en cuenta la prueba, el sistema les cobró más por atreverse a defenderse.
Para ellos, esa lógica desincentiva a cualquier ciudadano que quiera discutir un comparendo legítimamente.
La sensación de jugar contra un solo equipo
En su denuncia, Acarryando insistió en algo que suelen mencionar muchos conductores: la percepción de que en estos procesos el policía, el juez y el abogado parecieran estar del mismo lado. Según su experiencia, Movilidad funciona como juez y parte porque investiga, decide y ejecuta la sanción.
Esa estructura, dicen, hace que el ciudadano llegue “en desventaja” desde el primer minuto.
Lo resumieron en una frase que encendió las redes: cuando impugnar sirve de poco, la gente prefiere pagar, aun creyendo que no cometió la infracción.
La reflexión que queda sobre la mesa
Desde Alerta Bogotá lo explicaron con una metáfora que cayó como anillo al dedo: en estas audiencias, el video termina siendo “culpable” y la sospecha, la que manda. La impugnación termina siendo un trámite simbólico donde el ciudadano entra hablando, pero la decisión ya parece lista desde antes.
Acarryando cerró su relato con un mensaje directo para quienes han pasado por situaciones similares: si ha intentado defender un comparendo y ha perdido pese a tener pruebas, no está solo. Lo que vivieron, dicen, es parte de un sistema que aún debe responder muchas preguntas.
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