En Soacha se agitó el avispero y el eco ya se siente en todo el país. El alcalde Julián Sánchez Perico lanzó una advertencia pública que puso el foco sobre la transparencia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el modelo de actualización catastral que, según él, dejó a miles de familias con el corazón en la mano y el bolsillo golpeado.
El reclamo no se quedó en lo local. Perico aseguró que lo ocurrido en Soacha no fue un hecho aislado , sino la señal de un modelo cuestionado que hoy estaría buscando replicarse a escala nacional, con los mismos actores y las mismas prácticas que ya generaron inconformidad social.
“La crisis de la actualización catastral que hoy vive Colombia no puede analizarse sin mirar lo ocurrido en Soacha: un modelo cuestionado, operado por actores vinculados al negocio catastral y con Gustavo Marulanda en el centro del debate”, afirmó el alcalde.
El “modelo Soacha”, bajo la lupa nacional
Para el mandatario, el llamado “modelo Soacha” terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza para la ciudadanía. Avalúos disparados, recibos difíciles de pagar y una sensación generalizada de falta de claridad marcaron el proceso. La preocupación ahora es que esa experiencia se esté usando como plantilla para otros municipios.
El alcalde insistió en que no se trata de atacar el catastro como herramienta, sino de revisar cómo se implementa, quién lo diseña y quiénes lo operan. Según su denuncia, hay actores repetidos que habrían participado en el proceso local y que hoy tendrían vínculos con empresas y decisiones dentro del negocio catastral a nivel país.
El rol del IGAC y la exigencia de claridad
Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento fue el papel del IGAC, entidad que hoy lidera la política catastral en Colombia. Perico pidió explicaciones abiertas y verificables sobre los vínculos, las decisiones técnicas y los criterios usados para expandir el modelo.
“Colombia merece transparencia total sobre quién diseñó este modelo y quién lo está expandiendo en el país”, sostuvo.
El alcalde recalcó que la confianza ciudadana se rompe cuando los procesos no se explican bien y cuando el impacto social no se mide con responsabilidad. En sus palabras, la técnica no puede ir divorciada de la realidad de la gente.
Advertencia a alcaldes y gobernadores
Más allá del debate político, el mensaje fue un S.O.S. preventivo para alcaldes y gobernadores. Perico los llamó a revisar con lupa los convenios, operadores y metodologías antes de firmar o implementar procesos de actualización catastral.
El temor, dijo, es que un experimento local con efectos negativos termine convirtiéndose en política general, sin los correctivos necesarios y con consecuencias directas sobre el impuesto predial y la economía de las familias.
“Lo que pasó en Soacha es una advertencia de lo que hoy se pretende replicar en toda Colombia”, alertó.
¿Quién paga el costo del catastro?
Uno de los ejes del reclamo es quién termina pagando. Para el alcalde, el problema no es que el Estado conozca mejor el territorio, sino que el peso del ajuste caiga sobre el ciudadano de a pie, mientras otros sectores no sienten el mismo rigor.
En ese sentido, insistió en que la transparencia no es un favor, sino una obligación, especialmente cuando se trata de decisiones que impactan directamente el bolsillo de millones de personas.
Transparencia y control, el pedido central
El llamado final de Perico se resume en tres palabras: control, vigilancia y rendición de cuentas. Pidió que se hagan públicos los criterios de diseño, los contratos, los operadores y las relaciones detrás del modelo catastral, para que el país sepa qué se está aplicando y con qué propósito.
El alcalde dejó claro que el debate apenas comienza y que Soacha seguirá insistiendo en que el catastro sirva para ordenar el territorio, no para generar confusión ni descontento social.
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