La preocupación por la venta de alimentos en el espacio público volvió a encender las alarmas en Bogotá. Con operativos cada vez más frecuentes y decomisos que evidencian graves fallas en salubridad, la ciudad enfrenta un problema que mezcla salud pública, informalidad y uso indebido del espacio público.
La directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Lucía Bastidas, fue contundente al advertir —desde sus redes sociales— que la situación no puede seguir normalizándose. “La comida insalubre nos afecta a todos. Por supuesto, el derecho al trabajo es clave y también el derecho a la salud. Algunos abusan de fallos de la Corte Constitucional, montan locales formales en la calle. El espacio público se respeta”, escribió, haciendo énfasis en que existen formas legales de operar sin poner en riesgo a los ciudadanos.
Un problema que se cocina en las calles
Un recorrido por zonas estratégicas de Bogotá muestra que los puestos improvisados de comida aparecen prácticamente en cualquier lugar: andenes, puentes peatonales, entradas de TransMilenio, parques y salidas de conciertos o estadios. Hamburguesas, perros calientes, chorizos, chuzos, empanadas, arepas, tacos, pizzas, crepes y hasta almuerzos completos se preparan a la intemperie y sin controles visibles.
El riesgo es claro: la mayoría de estos puntos no cumple con los requerimientos de higiene que exige la venta de alimentos para consumo humano. Este escenario se alimenta de falta de regulación en caliente, pero también de desconocimiento o indiferencia por parte de quienes compran, muchas veces enfocados en la rapidez o el precio.
Algunos ciudadanos consultados reconocen el peligro, pero admiten que consumen igual. “Pizza, perros… eso es lo que uno compra”, dice un joven. Otros, en cambio, han tenido experiencias graves: “A mis sobrinos les tocó ir al hospital por un dolor de estómago terrible. Todo por comida en la calle”, relata una mujer que evita acercarse a estos puestos desde entonces.}
Más que un susto: comida en mal estado y riesgos reales
El peligro no es teoría. En marzo de este año, en Kennedy, las autoridades decomisaron 11 toneladas de comida en mal estado que se ofrecía en ventas ambulantes. La cifra revela no solo la magnitud del problema, sino la falta de control sobre el origen y manejo de los alimentos.
Y el tema se vuelve aún más alarmante con denuncias que han circulado en distintos medios sobre el uso de la llamada “mota”, un residuo proveniente de cueros de curtiembres en el sector de San Benito. Este material —que no es apto para consumo humano— estaría siendo vendido a bajos precios y utilizado para producir chorizos, salchichón, chuzos y empanadas que luego terminan en las calles de Bogotá.
Se trata de carne sin tratamiento sanitario, un foco de enfermedades como hepatitis A, cólera, salmonelosis, amebiasis, gastroenteritis e intoxicaciones graves. Su circulación evidencia que la falta de control abre la puerta a peligros mucho mayores de los que los consumidores suelen imaginar.
“Hay gente que ha terminado con virosis fuertes por esa comida”, comenta otro ciudadano. “Después se preguntan por qué están enfermos”.
Derecho al trabajo vs. derecho a la salud
El DADEP insiste en que el mensaje no es en contra de los vendedores informales, sino a favor del cumplimiento de normas que protejan a toda la comunidad. Bastidas lo resume así: el espacio público es de todos y debe usarse de manera organizada, especialmente cuando se trata de actividades que pueden afectar la salud.
Si bien la Corte Constitucional ha ampliado el marco de protección al trabajo informal, esto no significa que se permita operar sin condiciones mínimas de salubridad ni que se transformen andenes en restaurantes improvisados. La discusión está en cómo equilibrar derechos sin poner en riesgo vidas.
Llamado a la corresponsabilidad ciudadana
Las autoridades piden a los bogotanos ser conscientes de lo que consumen: preguntarse de dónde sale la carne, cómo se manipula y en qué condiciones se prepara. Evitar estos puntos no solo protege la salud individual, sino que también ayuda a frenar la cadena de informalidad que sostiene prácticas peligrosas.
En una ciudad con retos de espacio público y un sistema de salud sobrecargado, prevenir es clave. “El palo en el tema de atención a la salud hoy no está para cucharas”, advierten desde el DADEP. Y agregan: Bogotá es una casa común, y cuidarla implica respetar normas que, aunque impopulares para algunos, pueden evitar tragedias silenciosas.
Por ahora, los operativos seguirán y las sanciones no darán tregua. La administración insiste: defender el espacio público también es defender la salud de todos.
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