Una operación conjunta liderada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con apoyo del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía de Carabineros, permitió sorprender en flagrancia actividades ilegales de producción de carbón vegetal en la vereda Farfán, zona rural del municipio de Ráquira, en Boyacá.
Durante la intervención, las autoridades ambientales confirmaron que en el lugar se adelantaban quemas a cielo abierto, una práctica prohibida por su impacto negativo sobre los recursos naturales y la salud pública. Lo más delicado del caso es que sobre ese mismo punto ya existía una medida preventiva impuesta meses atrás, la cual no fue acatada por los presuntos responsables.
¿Qué encontró la CAR en la vereda Farfán de Ráquira?
Técnicos de la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA), junto con profesionales de la dirección regional Chiquinquirá, realizaron el recorrido de verificación en el área intervenida. Allí evidenciaron tres pilas en plena combustión utilizadas para la transformación de madera en carbón vegetal.
En el sitio también fueron hallados dos acopios de retal y trozas de especies como acacia y eucalipto, cuya procedencia no pudo ser demostrada durante la diligencia. A esto se suman 98 bultos de carbón listos para su distribución y comercialización, lo que indicaría una actividad con fines económicos.
Según informó la entidad, en octubre de 2025 ya se había efectuado una visita técnica en ese mismo lugar. En ese momento se impuso una medida preventiva a los presuntos implicados y se exigió el cumplimiento de una serie de obligaciones ambientales. Sin embargo, en la reciente inspección se comprobó que dichas disposiciones no fueron atendidas.
El subdirector de Autoridad Ambiental de la CAR, Bryan Martínez, explicó que, al tratarse de un punto con antecedentes administrativos, los nuevos hallazgos serán valorados como posibles agravantes dentro del proceso correspondiente, ya que se estaría frente a una reincidencia.
¿Por qué son ilegales las quemas para producir carbón vegetal?
Las quemas a cielo abierto para la elaboración de carbón están catalogadas como una actividad ilegal debido a sus efectos sobre el aire y el suelo. Este tipo de combustión libera contaminantes que deterioran la calidad atmosférica y pueden generar afectaciones respiratorias en las comunidades cercanas.
Adicionalmente, el calor directo sobre la superficie altera las condiciones del terreno, reduce su capacidad productiva y contribuye al deterioro de los ecosistemas. Por esta razón, la normativa ambiental exige permisos y controles estrictos para cualquier aprovechamiento forestal, condiciones que no se evidenciaron en este caso.
Martínez señaló que la Corporación fortalecerá en 2026 las acciones de vigilancia y control en toda su jurisdicción, que abarca seis municipios de Boyacá, con el fin de frenar este tipo de prácticas y proteger los recursos naturales.
¿Dónde denunciar delitos ambientales en Cundinamarca y Bogotá?
Las personas que conozcan situaciones similares pueden reportarlas ante la autoridad ambiental competente. En la mayor parte de Cundinamarca, la entidad encargada es la CAR, que recibe quejas de manera presencial y a través de sus canales digitales.
También se encuentra habilitada la plataforma VITAL, herramienta utilizada por la CAR y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la gestión de trámites y denuncias en línea.
Cuando los hechos puedan constituir un delito ambiental, la denuncia puede presentarse ante la Fiscalía General de la Nación, incluidas las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA). Si la afectación ocurre en el perímetro urbano de Bogotá, la competencia corresponde a la Secretaría Distrital de Ambiente.
De igual manera, la Gobernación de Cundinamarca dispone del Centro Integrado de Atención al Usuario (CIAU) y líneas de atención para canalizar este tipo de reportes. Las denuncias pueden realizarse con identificación o de forma anónima.
El caso de Ráquira pone nuevamente sobre la mesa la importancia de cumplir las decisiones de la autoridad ambiental. La reincidencia en actividades prohibidas no solo agrava la situación jurídica de los implicados, sino que compromete la protección de un patrimonio natural que pertenece a toda la comunidad.
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