Un nuevo anuncio del Gobierno Nacional abrió la discusión sobre el manejo del orden público al interior de las universidades del país. Durante una alocución oficial, el presidente Abelardo De La Espriella informó la creación de un protocolo nacional de actuación que permitirá la intervención de la Policía Nacional cuando se presenten situaciones asociadas a flagrancia, vandalismo o alteraciones del orden público dentro de los campus universitarios.
La medida, según explicó el mandatario, busca diferenciar las manifestaciones pacíficas de los hechos que, a juicio del Gobierno, constituyen delitos o representan riesgos para la comunidad educativa y la ciudadanía.
“La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi gobierno”, señaló el presidente durante su intervención.
Protocolo nacional busca definir cuándo puede intervenir la Policía
“Las universidades tienen autonomía, eso no está en discusión, pero la autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público”, afirmó De La Espriella.
De acuerdo con lo anunciado, el protocolo establecerá criterios para identificar cuándo una situación corresponde al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo se trata de hechos que ameritan la actuación de las autoridades.
“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos frente al ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público”, indicó el mandatario.
La Policía será la primera autoridad operativa
Uno de los puntos centrales de la medida es el papel que tendrá la Policía Nacional dentro de este esquema.
Según explicó el presidente, la institución tendrá facultades para intervenir cuando existan hechos que comprometan la seguridad o se relacione a personas con conductas violentas.
“La Policía Nacional será la primera autoridad operativa para atender estas situaciones y podrá actuar cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas”, manifestó.
El Gobierno sostiene que la intervención estará enfocada en situaciones específicas relacionadas con hechos considerados delictivos y no en actividades académicas o manifestaciones permitidas por la ley.
Garantías para la protesta pacífica, según el Gobierno
Durante la alocución, el presidente insistió en que la medida no busca restringir la movilización social ni las expresiones de estudiantes y docentes.
“A los estudiantes que quieren estudiar, debatir y protestar pacíficamente, todas las garantías”, afirmó.
En ese sentido, el Gobierno aseguró que continuará reconociendo el derecho a la protesta dentro del marco constitucional y que la actuación policial se concentrará en hechos que puedan representar riesgos para las personas o la infraestructura.
Advertencia frente a actos violentos dentro de los campus
El jefe de Estado también hizo referencias a situaciones relacionadas con vandalismo, ataques contra bienes públicos y agresiones a integrantes de la Fuerza Pública.
“El terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra fuerza pública y la población civil no son protesta”, señaló.
Según el mandatario, el Estado tiene la obligación de intervenir cuando se presenten este tipo de conductas.
La posición oficial es que las instituciones universitarias no pueden convertirse en espacios donde se desarrollen actividades relacionadas con hechos violentos.
“La universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y del debate, no puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo”, afirmó.
La autonomía universitaria en el centro del debate
Uno de los temas que más debate genera tras el anuncio es la relación entre la autonomía universitaria y la actuación de la Fuerza Pública.
El Gobierno considera que la autonomía reconocida por la Constitución no elimina la obligación del Estado de garantizar el orden público cuando se presenten hechos que excedan el ámbito académico.
“La autonomía universitaria no convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”, sostuvo De La Espriella.
Por ahora no se han conocido los detalles completos del protocolo anunciado, ni los procedimientos específicos que deberán seguir las autoridades para intervenir dentro de los campus universitarios.
Lo que sí quedó claro en el mensaje presidencial es que la nueva directriz será uno de los instrumentos que utilizará el Gobierno para atender situaciones de orden público en entornos universitarios, mientras continúa el debate nacional sobre el alcance de la autonomía y el papel de las autoridades dentro de estos espacios.
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