La denuncia cayó como baldado de agua fría entre vecinos y peatones de la Carrera Séptima. Predios que por años permanecieron baldíos, rodeados de polisombras y polvo, y que muchos soñaban convertir en parques o zonas verdes, ahora podrían terminar arrendados a privados. Así lo alertó David Zuhue, ciudadano que viene haciendo seguimiento a temas de ciudad, medio ambiente y patrimonio.
Según lo expuesto, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) estaría preparando contratos de uso temporal por tres años para entregar estos lotes a negocios con ánimo de lucro, dejando de lado lo que la comunidad pidió en procesos participativos.
Parques soñados, negocios en camino
Los predios están ubicados a lo largo del corredor de la Séptima, una zona que, según los propios habitantes, sufre un déficit histórico de espacio público. Allí la gente esperaba ver árboles, bancas, zonas verdes o espacios para niños y mascotas.
“Ustedes nos respondieron de manera contundente que estos predios debían tener un uso público, que debían ser parques”, recordó Zuhue, al explicar que esa fue la respuesta mayoritaria cuando se consultó a la ciudadanía.
Sin embargo, la propuesta que hoy genera polémica va en otro sentido: supermercados, bares, restaurantes u otros locales ocuparían terrenos adquiridos con recursos públicos.
Diseños participativos que no se reflejan
Uno de los reclamos centrales apunta a que el IDU sí preguntó, pero no cumplió. De acuerdo con la denuncia, se adelantaron diálogos y ejercicios de participación, pero el resultado final no coincide con lo concertado.
“Lástima que el IDU haya ignorado completamente los diseños participativos y los procesos concertados”, señaló Zuhue, quien cuestionó que se pase de la ilusión de un parque a un contrato de alquiler con privados.
Para los vecinos, el mensaje resulta frustrante: se consulta a la gente, se generan expectativas, pero la decisión final termina favoreciendo el uso comercial del suelo.
Uso público versus uso privado
El debate no es solo urbano, sino de modelo de ciudad. De un lado están quienes defienden el espacio público como bien común; del otro, una figura administrativa que permite alquilar predios para actividades privadas de manera temporal.
“En vez de lugares para la cultura, el deporte y el esparcimiento, se van a convertir en supermercados o bares”, afirmó el denunciante, insistiendo en que esto reduce aún más los pocos espacios de encuentro que tiene la Séptima.
Quienes viven en el sector señalan que no se trata de oponerse al comercio, sino de no perder oportunidades únicas para ganar zonas verdes en un corredor saturado de cemento.
Una Séptima sin dónde sentarse
Más allá del negocio, el punto de fondo es la calidad de vida. Los vecinos recuerdan que en este tramo no hay parques cercanos, ni suficientes bancas, ni baños públicos. “Es una zona absolutamente deficitaria de espacio público”, reiteró Zuhue.
Para peatones, adultos mayores y familias, cada lote libre representaba una esperanza de descanso, de sombra y de respiro urbano.
A la espera de respuesta oficial
Hasta el momento, el IDU no ha emitido un pronunciamiento público frente a esta denuncia. La ciudadanía espera claridad sobre por qué predios comprados con dinero público podrían pasar, aunque sea de forma temporal, a manos de privados.
La discusión está abierta y toca una fibra sensible: ¿el espacio público se protege o se arrienda? Para muchos vecinos de la Séptima, la respuesta marcará si este corredor será un lugar pensado para la gente o una nueva vitrina de negocios donde el bien común quedó en segundo plano.
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